Humberto Vacaflor – El Diario
Industria de asaltos
Alguna dificultad tiene el actual gobierno cuando se trata de proteger la propiedad privada, como se ha demostrado en los predios agrícolas en producción tomados por la fuerza en Santa Cruz por grupos organizados.
Ya ni se sabe la cantidad de empresas mineras avasalladas en el altiplano y en los valles que han pasado a otras manos, como es el caso de Colquiri, una mina compartida ahora entre los asaltantes y el Estado boliviano.
Los “tomatierras” de Santa Cruz, como se los llama en ese departamento, cometieron un error: asaltaron la zona productiva de Limoncito que tiene contratos de entrega de toda su producción a la estatal EMAPA.
En este caso el gobierno se puso duro y envió a la policía para desalojar a los asaltantes, los que optaron por abandonar la zona, aunque sus dirigentes dijeron que volverían, con mucha más gente.
Pero el resto de los predios asaltados está en duda y todo esto muestra un juego político profundo, que se complica más.
Jorge Barahona, viceministro de tierras, anunció ayer una nueva estrategia para este caso.
Dijo que de los 70 casos denunciados, sólo nueve están bien respaldados de parte de los propietarios y el resto son predios sometidos a litigios, no cuentan con documentos plenos “o están en manos de extranjeros”.
Esta definición de parte de un funcionario del gobierno surge cuando los propietarios de tierras avasalladas, que tienen su propia organización, estaban pidiendo que los asaltantes sean llevados a la justicia y castigados como corresponde.
Fernando Asturizaga, exviceministro de Tierras, dijo que los asaltantes operan en coordinación con los funcionarios del INRA-Santa Cruz. Llegan a las tierras que van a asaltar y muestran documentos según los cuales hay algún litigio familiar o les falta algún detalle, documentos que sólo están en poder del INRA.
Cuando el asalto se ha producido, el INRA-Santa Cruz, dijo Asturizaga, ofrece como única solución una reunión “de conciliación” entre los propietarios y los asaltantes, que a veces termina cuando se han hecho cesiones de parte de la tierra, o se ha pagado en efectivo.
Dirigentes cruceños han denunciado que la ministra Nemesia Achacollo, funcionarios del INRA y policías nacionales están involucrados en estas “mafias” de asaltantes de la propiedad privada.
El gobierno ha anunciado que aplicará la ley sin ninguna consideración. Pero han surgido indicios de que aquello que se llama “mafia” no ha perdido la capacidad de tomar iniciativas y que harán todo lo posible por quedarse por lo menos con unas 50.000 hectáreas de propiedades ya tomadas.
