No cabe la menor duda de que los escenarios sociales de Santa Cruz cambiaron a partir de la ciudad-aldea que en 1950 tenía 50 mil almas, hasta la actual metrópoli ingobernable que supera con facilidad el millón de habitantes. A ello han contribuido: las altas tasas de natalidad regional, el vaciamiento de las provincias cruceñas hacia la capital, así como una desenfrenada masa migratoria procedente de los páramos andinos, que concluye engordando las periferias urbanas, agregando nuevos y fortalecidos contingentes de delincuentes que se suman fervorosos a la actividad local.
Este modelo de urbanismo salvaje que se procesa por la agregación mecánica y cuantitativa de nuevos habitantes sin que exista un desarrollo industrial que lo respalde, no solamente ha informalizado la economía, sino que se han abonado las condiciones objetivas para que el fenómeno delincuencial se agigante, sin que existan respuestas institucionales, menos aún estatales para controlarlo.
Al margen de los problemas estructurales provenientes de nuestro inmerecido subdesarrollo económico y social, se suman otros factores políticos producto de nuestra dependencia externa, como la aplicación de un neoliberalismo ortodoxo igualmente salvaje, que ha profundizado las disparidades sociales, colocando a mas del 50% de nuestra población en los umbrales de la pobreza extrema, lo que hace que centenares de jóvenes sin futuro asuman la actividad delictiva como una forma de vida.
A esto se suma el fenómeno globalitario de la delincuencia, ya que al margen de la problemática interna se agregan mafias internacionales que han sabido encontrar en Santa Cruz un terreno fértil y una sociedad inerme e ingenua para ejecutar sus fechorías.
Entre esta sociedad desarmada y el delito eventual u organizado, se interpone la cuestión policial, como un problema de fondo que compete a todos los ciudadanos de este pueblo, sin excepción alguna. Los cambios miscelánicos que se pretenden introducir en la Ley Orgánica de Policía (LOP) no es mas que una argucia política destinada a maquillar apariencias a fin de proteger los intereses feudales de la institución policial.
En ese sentido, establecemos una posición pública frente al problema.
¿QUE ES LA POLICÍA BOLIVIANA PARA LOS CRUCEÑOS ?
1.- ES UNA INSTITUCIÓN RACISTA.
La Policía Nacional Boliviana, al igual que el capitalismo de Estado, entre otros, fue una hechura del denominado nacionalismo revolucionario que tuvo su epílogo con el ya famoso 21060, que achica el Estado y establece la economía de libre mercado. Hasta aquí todo cambió, menos la Policía.
Su rol como actor y «estrella» de la política nacional proviene del protagonismo que desempeñó esta «fuerza del orden» en el derrocamiento del antiguo régimen y en la destrucción del ejército convencional en Abril del 52.
A partir de entonces, este «instrumento de poder» de la pequeña pero poderosa Cholocracia altoperuana, sería parte constitutiva de todos los gobiernos que se rotarían en la administración de los asuntos estatales, ya que gobernar un país inestable, sin contar con la adhesión de una fuerza pública que imponga el «orden» constituía y constituye poco menos que una utopía. De ahí su intima relación con la clase política gobernante. Pero de ahí proviene también sus amplias prerrogativas institucionales, hasta convertirlo, hoy, en un Estado dentro del propio Estado
Para el logro de sus fines al igual que las FF.AA., dispone de una estructura militar jerarquizada y corporativa que nutre sus contingentes de base con ciudadanos provenientes de las pobrecías urbanas, campesinos e indígenas. En el caso particular de la Policía nacional, su accionar institucional se caracteriza por la preeminencia de LEALTADES políticas, por su fidelidad absoluta al Ande boliviano y por su afinidad étnico-cultural con la masa aymará, a la que recluta, entrena, convierte en carabineros y los desplaza hacia otras geografías étnica y culturalmente diferentes, para convertirlos en un ejército de ocupación.
De esta forma la Policía «nacional boliviana» se convierte en una institución eminentemente andina y racista, y por lo tanto excluyente, ya que en el caso particular de Santa Cruz, mas del 95% de sus efectivos tiene esta procedencia.
Esa actitud hacia los Cambas y su cultura ha quedado firmemente demostrado con motivo del escándalo suscitado en la Academia Nacional de Policías, en Febrero del 2000, cuando nuestros aspirantes a cadetes con motivo del cierre de la academia local se trasladaron a la ciudad de La Paz a fin de proseguir sus estudios, donde fueron virtualmente masacrados por sus instructores y compañeros de academia para obligarlos a desertar. Se argumentó que esta deserción masiva se debió a la «inadaptabilidad» climática de los cruceños, entre otras estupideces, para justificar este atropello a los derechos humanos de nuestros conciudadanos cambas.
Esta «limpieza étnica» donde se incluían a varios hijos de collas nacidos en Santa Cruz, le valió al ministro del interior de la época, una interpelación parlamentaria, con resultados desconocidos (El Deber 8, Feb., El Nuevo Día, 10 Feb., 2000)
Bajo tan fraternal acogida, resulta una proeza que algunos cambas se conviertan en policías. La altura, el clima y el odio racial, se lo impiden.
PRIMERA PROPUESTA.
Proponemos crear la Academia Cruceña de Policía, la misma que deberá ser dotada de autonomía económica, técnica y administrativa.
Solamente reclutando el 1% de los 20 mil bachilleres que egresan por año en Santa Cruz, puede servir de base para crear un cuerpo policial identificado con su sociedad. Esto permitirá que nuestros impuestos sirvan para formar un cuerpo policial propio, que incorpore la participación activa y democrática de la ciudadanía en la formulación de sus políticas de seguridad ciudadana, implicando el control democrático de su desempeño.
2.- ES UNA INSTITUCIÓN CORRUPTA
Aunque reconocemos que existen muchos policías probos, la percepción ciudadana generalizada es que nos encontramos frente a una institución absolutamente corrupta, donde casi todos sus miembros, desde la base hasta los mandos superiores, se dedican a extorsionar al ciudadano que cae en sus redes o demanda de sus servicios.
La policía boliviana ha logrado crear toda una red nacional de recaudaciones ilegales. La contribución «voluntaria» sin recibo oficial alguno que solicitan los miembros de la policía caminera, el servicio de identificación personal, tránsito, entre muchos otros, demuestra por si sola que no existe área policial donde no se obligue al ciudadano a dar su aporte para el enriquecimiento ilícito de sus miembros. Y esto lo saben todos, gobierno y opositores, pero la “triada divina” constituida por políticos, policías y delincuentes, se encarga de convertirlo en norma.
Otras victimas de la voracidad policial son los turistas extranjeros. Si alguna ves se dijo que el turismo era una posibilidad de captar recursos externos y generar miles de empleos vendiendo el paisaje y la hospitalidad, hay que olvidarse, la policía boliviana se encargará de impedirlo.
Como no existen controles sociales que la vigilen y supervisen, ya que dicha institución es propiedad exclusiva del Presidente de la República y su representante -el Ministro de Gobierno (Art. 216 CPE) -, cualquier intervención parlamentaria honesta se encuentra con una red de encubridores políticos que la protegen de la intervención social.
Pero aún más, los tribunales disciplinarios que deberían de ser los encargados de imponer la ética en este servicio público imprescindible, son nombrados nada menos que por el Comandante General (Art. 106 LOP), de donde se infiere de que además de que se impone el «código del silencio» entre camaradas de armas, se dispone de un tribunal compuesto por los mismos que va a juzgar. O sea, que se convierte en juez y parte al mismo tiempo. Es una falta de ética.
Por esta razón es que la impunidad y la inmoralidad policial se campea triunfante por encima de la sociedad. Los últimos hechos suscitados por una banda de atracadores con la participación directa de ex-policías y delincuentes internacionales, no exige mayores comentarios.
SEGUNDA PROPUESTA.
Proponemos crear la Unidad de Control Externo constituida por miembros del poder judicial con la finalidad de recibir denuncias, investigar y procesar todos los actos de corrupción administrativa y operativa que sucedan en los marcos policiales. Así mismo, habilitación de oficinas u otros mecanismos a fin de recibir las quejas de la ciudadanía y darle protección a los denunciantes.
También, proponemos la supresión de cualquier tribunal disciplinario al interior de los órganos policiales, a fin de evitar el encubrimiento de actos delictivos reñidos con la ley.
3.- ES UNA INSTITUCIÓN TUGURIZADA
Es posible que las distintas instalaciones en las que la policía boliviana atiende las demandas de los ciudadanos cruceños sean calificadas de «tugurios» por cualquier observador mas o menos informado. Los espacios físicos donde trabaja Identificación personal, Transito y PTJ -excepto el edificio central del Comando Departamental-, se adaptan muy bien para países africanos que acaban de salir de la barbarie, pero no para Santa Cruz, una ciudad que se precia de progresista, tiene un elevado orgullo cívico y demanda mejor trato de parte de los organismos estatales.
Y todo esto no es gratis, ya que Santa Cruz aporta con el 40% de todos los impuestos a nivel nacional, tiene el Producto Interno Bruto (PIB) mas alto del país, con el 33%, pero aún mas -según el informe de NN.UU.-, posee el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mas alto de Bolivia, colocándose por encima del promedio de América Latina en su conjunto, sólo superado por Uruguay, Sur del Brasil, Argentina central y Chile. Todo esto contrasta con una organización policial cavernaria y atrasada que no se halla a la altura del desarrollo de nuestras fuerzas productivas, ni del rango cultural, social y económico que Santa Cruz detenta en el escenario nacional e internacional.
Además de nuestros aportes impositivos y para el cumplimiento de sus obligaciones, la Policía Nacional cuenta con ingresos propios que provienen de multas, registros en general, cédulas de identidad, licencia de conducción, etc., de los cuales el 85% se destina a diversos fines de la propia entidad y el 15% se destina al Ministerio de Gobierno. No disponemos de datos confiables para señalar los montos recaudados por el Comando Departamental, pero por la precariedad de sus múltiples y deficientes instalaciones podemos presumir que gran parte de lo aquí recaudado se lo devora el centralismo policial. O sea, que nuestros aportes sirven para reproducir el sistema. Así de simple.
TERCERA PROPUESTA.
Proponemos que el 70% de lo recaudado en las esferas policiales se invierta en seguridad ciudadana, incluyendo la modernización de las instalaciones destinadas a servir al ciudadano cruceño, que paga sus impuestos y exige un trato a la altura de sus aportes, su cultura y su civilización.
4.- ES UNA INSTITUCIÓN BUROCRÁTICA Y AUTORITARIA.
En las últimas décadas, algunas cosas cambiaron en Bolivia pero otras quedaron intactas, una de ellas es la policía nacional. Para ello han contribuido una partidocracia política amante del inmovilismo, la corrupción y el oportunismo. El caudillismo inherente a todos los partidos políticos del país, al carácter patrimonial y prebendal de algunas entidades estatales, como la policía y, por ultimo, las burocracias estatales permanentes ubicadas en la «sede del gobierno», que no aceptan cambios estructurales que afecten sus intereses fundamentales, como una descentralización democrática, por ejemplo. Y cuando hablamos de burocracias nos referimos indistintamente a las burocracias tanto civiles como militares.
La jerarquía de la policía nacional está determinada por el grado que tiene el funcionario y por el cargo que desempeña (Art. 59 LOP), y esta jerarquía viene de los grados que se adquieren de por vida, de manera tal que esta estructura militarizada dispone de Generales (conquista obtenida durante el régimen de García Mesa), Jefes, Oficiales, aspirantes a oficiales, suboficiales, clases y policías. Los primeros ocupan cargos en el aparato burocrático del Estado, y los últimos son la fuerza de choque con la que cuenta la «institución del orden» para cumplir su rol represivo frente a la sociedad.
De esta forma y en el marco social se enfrentan dos ideologías y dos identidades que tienen interpretaciones distintas de la realidad, ya que para la mentalidad policial todos los civiles son sospechosos, son «los otros», ya que ellos (los policías) reevalúan e interpretan su comportamiento conforme pautas culturales que asume una institución de características feudales, que desprecia al ciudadano y cuyo poder conferido por el Estado, es usado, muchas veces, en contra de éste.
Con el ciudadano común pasa lo mismo pero en sentido contrario, ya que se depara ante una institución de características esencialmente represiva, despótica corrupta y hermética. Y en el caso de Santa Cruz, a las diferencias obvias entre civiles y militares, se le agrega el componente étnico-cultural, ya que esta fuerza de ocupación de composición andina, choca con las idiosincrasias locales, lo que agudiza el divorcio entre la policía y la sociedad.
Bajo tales condiciones resulta una utopía la aplicación de cualquier programa de seguridad ciudadana con una institución que sobre-valora el uso de la ley penal como definitorio del quehacer en materia policial, una institución que lamentablemente no ha sido penetrada aún por la democracia y que es un factor de inseguridad para la propia sociedad que la rechaza.
Para entender nuestra propuesta final, se debe desglosar los conceptos de seguridad interior ( motines, bloqueos de calles o carreteras, etc.) que puede estar a cargo de una policía militar, de la seguridad ciudadana, que comprende aspectos objetivos y subjetivos y que debe ser visualizada como un agente de la política local, revestido de una competencia general muy amplia (a ser establecida por ley), pero que tenga arraigo regional y haga trabajo conjunto con la comunidad. La policía Judicial, por su carácter técnico penal, debe pasar a depender del Poder Judicial, y la policía de Tránsito a los Municipios.
CUARTA PROPUESTA.
Proponemos constituir una POLICÍA COMUNITARIA. Esta se basa en el principio de que el policía es un servidor público que está al servicio de la sociedad y no al contrario, además, interpreta que la seguridad ciudadana no es solamente un problema policial y que su resolución compete a todo el conjunto social. Reitera el principio de que todo uso de la fuerza legal debe tener control democrático y es parte de la comunidad.
Esta convocatoria que hacemos nuestra, ha alcanzado características mundiales y se ha puesto en practica en casi todos los continentes, inclusive en varios países de América Latina (por ejemplo, Chile). La policía comunitaria debe estar constituida por nacidos o residentes antiguos del lugar identificados con su medio.
Frente a una institución policial socialmente cuestionada, marcada por el racismo, la corrupción, tugurizada, burocrática, patrimonial y autoritaria, EXIGIMOS una POLICÍA CRUCEÑA COMUNITARIA y conformada por cruceños y para los cruceños. Rechazamos otras fuerzas de ocupación.
Proponemos igualmente la conformación del CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA, entidad de carácter civil dedicada a formular políticas de prevención del delito. Su conformación así como sus competencias podrán ser establecidas por ley.
A un nivel general, demandamos de las instituciones cruceñas a abrir un debate público sobre el tema policial y la seguridad ciudadana y cuyas conclusiones deben ser incorporadas a la ley de necesidad de reforma constitucional, así como una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Policía, ya que este el camino mas corto para obtener las reformas que la sociedad urgentemente exige, en el entendido de que tenemos el derecho de darnos instituciones que sean el fiel reflejo de nuestros intereses y aspiraciones.
Santa Cruz a 27 días de Enero del 2002.
